Los planes de reconstrucción deben incorporar la salvaguarda de la convivencia como una cuestión central.

Hablar de convivencia en términos de seguridad forma parte de su teleología. Entre los fines de cualquier política de seguridad está garantizar la convivencia. Y toda política de convivencia favorece la seguridad necesaria para el progreso y la calidad de vida. La íntima relación entre los términos, hace plantearse en qué medida podemos impulsar dispositivos y medidas que garanticen tanto una cosa como la otra. La perspectiva de la seguridad integral es indispensable, aunando  tanto la necesidad de mantener nuestra integridad material, física, psicológica, como la necesidad de mantener nuestra dignidad, nuestras expectativas dignas de futuro. Tenemos por delante una batalla que es también cultural y de modelos de sociedad, y habrá que escoger hacia dónde nos decantamos.

En el paisaje que nos deja la crisis social y sanitaria de la COVID-19 en nuestras ciudades y barrios, hay múltiples evidencias de que se han elevado los niveles de inseguridad inespecífica percibida. Al poso de tristeza de la yuxtaposición de duelos múltiples, se añade la saturación y fatiga de los efectivos denominados “de primera línea”, y la demolición de la expectativas para la parte más castigada de la población. Las medidas sociales impulsadas por el Gobierno de España han mitigado, pero no frenado, el incremento de desigualdades. Hemos descubierto la vulnerabilidad de nuestra sociedad, y la incertidumbre planea con su halo de inseguridad. Sin duda un buen caldo de cultivo para la extensión de los discursos de odio.

Ya tenemos algunos alarmantes indicios de ello, en la creciente estigmatización de determinados colectivos, o en los movimientos de las denominadas “patrullas ciudadanas”.

En este contexto de gran complejidad, la convivencia y la cohesión deben de pasar a ocupar un espacio central en los planes de regeneración. Las políticas denominadas “de convivencia” deben dejar de ser las hermanas pequeñas de las políticas sociales, para ocupar un rol preponderante, o cualquier esfuerzo paliativo será en vano.  Quedarnos únicamente con las necesarias respuestas de corte asistencial es cortoplacista, y contribuye a reproducir el sistema de desigualdad. Hay que armonizar y hacer compatibles la dotación extraordinaria de los recursos para cubrir las necesidades básicas, con los proyectos transformadores que requieren necesariamente una cocción lenta.

• Planes de convivencia. Hará falta una hoja de ruta estratégica, sustentada sobre renovados consensos. Debe incluirse de manera prioritaria en los planes locales de regeneración.
• Diagnósticos participativos. Evaluación de impactos teniendo en cuenta datos cualitativos emanados de la suma de diversas percepciones. Estos ejercicios de conocimiento compartido ayudaran a que las medidas de regeneración se visualicen como esfuerzos compartidos, y no una carta de servicios unidireccional de la administración hacia los ciudadanos.
• Mapas de conflictividad. Hay que sistematizar y realizar cíclicamente estudios que permitan medir la “temperatura” de los barrios. Todas las variables deben confluir en un único “índice de convivencia” que arroje información actualizada.
• Fortalecer el trabajo preventivo en red: a partir de la intervención comunitaria. Está demostrado que los procesos comunitarios generan comunidades más organizadas, y más resilientes, capaces de hacer frente a los retos y las dificultades con un incremento de la conciencia de la responsabilidad individual y colectiva.
• Programas específicos de prevención de la radicalización y el extremismo violento. Más allá de las propuestas policiales, y en estrecha colaboración, intentar abordar las causas subyacentes.
• Reforzar los dispositivos de mediación, sensibilización y gestión alternativa de conflictos, en dos ámbitos fundamentales: el espacio público y los centros educativos de enseñanza secundaria.
• Visibilización de las políticas de convivencia y civismo. Así como los coches patrulla, por su sola presencia, generan una mayor sensación de seguridad, debemos empezar a hacer visibles los dispositivos vinculados a la prevención y la gestión de conflictos: puntos móviles, sistemas visibles de prospección del espacio público,… Cuidar la comunicación en las políticas de convivencia y vincularlas con el eje “sin convivencia no hay calidad de vida” y con un relato coherente del progreso social y económico de la ciudad.

Son sólo algunas ideas, una invitación a avanzar. Porque la repetición tautológica de los mantras, discursos y sistemas de intervención actuales no servirá; necesitan una actualización, aprovechando precisamente la experiencia de largo recorrido que ya hemos inventariado, especialmente en algunos municipios urbanos.